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Normativa laboral

Directiva Whistleblower: qué es y cómo cumplirla en tu empresa

Si tu empresa tiene 50 o más trabajadores, la Directiva Whistleblower te obliga a tener un canal de denuncias interno y a proteger a quien lo use. No es una recomendación ni algo que llegará: en España ya es ley desde 2023, con plazos vencidos y sanciones que llegan hasta el millón de euros.

En este artículo te explicamos qué es la directiva, quién está obligado, qué tiene que cumplir tu canal de denuncias y qué pasa si no lo tienes.

¿Qué es la Directiva Whistleblower?

Es la norma europea que protege a las personas que informan sobre infracciones ("whistleblowers" o denunciantes) dentro de su organización, para que puedan hacerlo sin miedo a represalias. Su nombre técnico es la Directiva (UE) 2019/1937.

Una directiva europea no se aplica directamente: cada país la traspone a su legislación. En España lo hace la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Por eso, en la práctica, "cumplir la Directiva Whistleblower" en una empresa española significa cumplir la Ley 2/2023.

El núcleo de la norma es doble: obliga a tener un canal de denuncias (que la ley llama *Sistema interno de información*) y blinda al informante frente a cualquier represalia (despido, sanción, traslado, etc.).

¿Quién está obligado a cumplirla?

Están obligadas, entre otras, todas las empresas con 50 o más trabajadores, además del sector público, los partidos políticos, sindicatos y las organizaciones que reciban fondos públicos. Si tu empresa supera ese umbral, la pregunta no es *si* necesitas canal de denuncias, sino *cuándo* debías tenerlo, porque los plazos ya pasaron:

  • Más de 249 trabajadores: obligatorio desde el 13 de junio de 2023.
  • Entre 50 y 249 trabajadores: obligatorio desde el 1 de diciembre de 2023.

Es decir, a día de hoy cualquier empresa de 50 o más empleados que no tenga canal de denuncias está fuera de plazo.

Y hay un matiz importante: algunas empresas están obligadas aunque tengan menos de 50 trabajadores. La Ley 2/2023 (artículo 10.1.b) exige el canal a determinadas empresas privadas por su actividad —sector financiero, prevención del blanqueo de capitales, transporte o medio ambiente, entre otras—, con independencia de su tamaño.

¿Qué tiene que cumplir tu canal de denuncias?

El canal no vale "de cualquier manera": la Ley 2/2023 exige una serie de requisitos. Los principales:

  • Confidencialidad. Debe garantizar la identidad protegida del informante y de los terceros mencionados. Además, tiene que permitir denuncias anónimas.
  • Varios formatos. Permitir informar por escrito, verbalmente o ambos.
  • Acuse de recibo en 7 días desde la recepción de la denuncia.
  • Plazo de respuesta máximo de 3 meses para dar respuesta a la investigación (ampliable en casos justificados).
  • Responsable del Sistema. Una persona o área designada que gestione el canal con independencia.
  • Registro de las informaciones recibidas, conservado conforme a los plazos legales.
  • Protección frente a represalias para quien informa de buena fe.

Como el canal trata datos personales —y quizá sensibles—, su gestión debe respetar el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Si quieres el detalle fino de los requisitos, lo desarrollamos en esta guía de requisitos del canal de denuncias.

canal de denuncias tramitapp

¿Qué pasa si no cumples?

El incumplimiento se sanciona, y no es menor. La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) es quien supervisa y sanciona, con un régimen que llega a multas de hasta 1.000.000 de euros para las infracciones muy graves (por ejemplo, no disponer de canal o adoptar represalias contra un informante).

Al riesgo económico se suma el reputacional: la ausencia de canal —o una mala gestión de una denuncia— puede convertirse en un problema de imagen y de clima interno mucho más caro que la propia multa.

Cómo cumplir la Directiva Whistleblower paso a paso

Cumplir no es complicado si lo abordas con orden:

  1. Comprueba si estás obligado. Cuenta tu plantilla: 50 o más trabajadores = obligación.
  2. Implanta un canal de denuncias que cumpla los requisitos de arriba (confidencial, anónimo, con acuse y plazos).
  3. Nombra a un Responsable del Sistema y define el procedimiento de gestión de las denuncias.
  4. Informa a la plantilla de que el canal existe, cómo se usa y qué protección tienen.
  5. Documenta y conserva las informaciones y las actuaciones, listas para una posible inspección.

Tener una herramienta que centralice todo esto ahorra mucho. TramitApp —en marcha desde 2016 y con la certificación ISO 27001 de seguridad de la información— incluye un canal de denuncias confidencial integrado en la plataforma de RRHH, con registro de las comunicaciones y gestión de los plazos. Si quieres verlo aplicado a tu empresa, puedes pedir una demo.

El canal de denuncias, además, es una pieza más de una buena gestión de personas: conecta con la prevención del acoso laboral y con la cultura de cumplimiento de la empresa.

Preguntas frecuentes sobre la Directiva Whistleblower

¿La Directiva Whistleblower y la Ley 2/2023 son lo mismo?

Son las dos caras de lo mismo. La Directiva (UE) 2019/1937 es la norma europea; la Ley 2/2023 es su trasposición en España. Para una empresa española, cumplir la directiva significa cumplir la Ley 2/2023.

¿Mi empresa está obligada a tener canal de denuncias?

Si tiene 50 o más trabajadores, sí, y el plazo ya venció (13-jun-2023 para más de 249 empleados; 1-dic-2023 para 50-249). También aplica al sector público y a otras entidades.

¿Las denuncias pueden ser anónimas?

Sí. La ley exige garantizar la confidencialidad del informante y, además, permitir denuncias anónimas. La confidencialidad es la regla; el anonimato, una opción que el canal debe admitir.

¿Qué plazos hay para gestionar una denuncia?

Hay que enviar acuse de recibo en un máximo de 7 días y dar respuesta a la investigación en un plazo máximo de 3 meses, ampliable en casos justificados.

¿Qué sanciones hay por no cumplir?

Las infracciones muy graves (no tener canal, represaliar a un informante) pueden llegar a multas de hasta 1.000.000 de euros, impuestas por la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Escrito por

Pilar Esteban

Experta en la legalidad que rodea a los RRHH: con una trayectoria iniciada en el sector en 2016, domino la seguridad digital, la normativa y todo lo que la acompaña. Con un don para explicar lo complejo con una claridad que hace que hasta lo cambios legales parezcan sencillos.

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